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Análisis del Sistema Previsional chileno

Análisis del Sistema Previsional chileno

Nelson Videla Jiménez, abogado

Hoy más que nunca se ha producido en nuestra sociedad un gran debate respecto del modelo de pensiones que rige nuestro país y lo mismo sucede en la mayoría de los países, debido a las dificultades relacionadas con su financiamiento y beneficios otorgados.

Respecto de su financiamiento, los distintos estados han hecho suyas la obligación de otorgar coberturas en situaciones de vejez, invalidez y muerte, enfrentando la dificultad que representa la obtención de los altos costos que acarrea.

Chile en los últimos 40 años ha experimentado cambios profundos en el sistema de pensiones y el actual sistema mayoritario, vive momentos de ajuste y cambios promovidos principalmente por organizaciones sociales, quienes ven el sistema de pensiones actual un sistema que no cumple en plenitud los objetivos trazados, entregando a vastos sectores de nuestra sociedad pensiones bajas.

Los estados han enfrentado su financiamiento a través de impuestos y contribuciones especialmente destinadas a este fin.  Así nace el sistema de reparto, sistema anterior de pensiones en Chile, teniendo como principio el hecho de que los trabajadores activos financian los beneficios de las personas que ya no participan del mercado laboral y que se pensionan por edad o por enfermedad.

El actual régimen de pensiones nace en los años 80, con el Decreto Ley Nº 3.500, donde se implementó un sistema de capitalización individual, con el ingreso al mercado de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que fueron conformadas como sociedades anónimas con regulación estatal.

Si bien el traspaso de los trabajadores que pertenecían al antiguo sistema en los años 80 se declaró como voluntario, nunca fue así, ya que las presiones para incorporarse al nuevo sistema fueron múltiples, también existió información desbalanceada, tendiente a resaltar las bondades del nuevo sistema sin contrapeso alguno.

Por otra parte, los regímenes previsionales del sistema de reparto siguieron funcionando principalmente a través del Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy Instituto de Previsión Social (IPS), entidad en la que se fusionaron las principales Cajas de Previsión. Cerca de un 70% de afiliados a las cajas de previsión ya se había trasladado al Sistema de AFP meses después de la reforma de 1980.

Al paso del tiempo, se tornó evidente el deterioro de imagen que, en el nivel de la población más desfavorecida y especialmente la clase media, comenzaron a experimentar las AFP en nuestro país, lo que llega hasta el día de hoy.

El concepto de “pensión digna” ha colisionado con lo que fue percibido como promesa inicial del sistema. De acuerdo con las propias encuestas de protección social que se han hecho tradicionalmente en nuestro país, las personas esperan que sus pensiones se acerquen al menos a un 70% de sus últimas remuneraciones, lo que era la promesa inicial.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también plantea el porcentaje de un 70% como meta deseable.

Precisamente, uno de los debates más acentuados en el último tiempo en la agenda pública de nuestro país ha sido el de la instauración de una AFP estatal. Hay diversos elementos de diagnóstico que llevaron a acentuar esta discusión. Algunos de ellos, más reiterados, son: a) las pensiones promedio en Chile equivalen al 80% del ingreso mínimo mensual, b) la gente tiene grandes desconfianzas hacia el sistema; c) existe el desafío de hacerse cargo de que el promedio de las personas no está recibiendo una pensión digna, en general, menos de un tercio de lo que se recibe en vida activa.

¿Qué hacemos para mejorar la calidad de vida durante la vejez? La política previsional debiera propender a una integración efectiva con las políticas públicas hacia los adultos mayores.

El componente solidario de los sistemas de pensiones debe reforzarse. Los vaivenes del mercado laboral, y su repercusión en los sistemas de pensiones, son una de las lecciones que nos dejó la Reforma del año 1980. Las promesas iniciales dibujaban un escenario positivo de niveles de pensiones, sobre la base de supuestos que no necesariamente se sostuvieron en el tiempo y que han caído por su propio peso.

Finalmente, resulta indispensable construir un diálogo social amplio y participativo, con información clara y cercana a la ciudadanía, que permita darle a cualquier cambio una mayor sostenibilidad en el tiempo. En esto, claramente ha fallado el Sistema de AFP durante sus años de vigencia. Un sistema que inicia su funcionamiento comunicando solo sobre la base de promesas, y abocado a la competencia por un “mercado” de afiliados, a la larga puede verse altamente impactado cuando la población percibe que las promesas no se cumplieron. En este sentido, resulta una buena señal que la denominada Comisión Bravo haya recogido un amplio número de opiniones, propuestas y alcances de quienes hayan querido participar.

Dadas las complejidades expuestas, es el Estado el llamado a hacerse cargo de velar por un sistema previsional que responda a los cambios de la sociedad, inspirado en los principios de solidaridad y justicia social que nos permitan a todos construir un país más inclusivo.

Debemos crearnos la convicción que ocuparnos seriamente de la calidad de vida de las personas durante su vejez, es un imperativo ético que aparece en la esencia del humanismo que persigue nuestra institución “si ese morir fuese mejor y revestido de una profunda y humana dignidad”.

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